Hay un tema recurrente en la política española, iba a decir que desde los últimos treinta años, pero creo que realmente habría que remontarse a las Guerras Carlistas del siglo XIX, cuando el Infante D. Carlos María Isidro de Borbón, de corte absolutista, y pretendiente al trono, logra el apoyo de sectores de la burguesía vasca, navarra y también aragonesa y catalana. Los motivos principales del apoyo prestado por estos territorios en dichas guerras fueron fundamentalmente forales. El tradicionalismo absolutista del Infante D. Carlos y su necesidad de contar con apoyos para su causa sucesoria por una parte, así como la creencia sobre todo en Cataluña y Aragón de que el monarca restablecería los fueros perdidos por estos reinos en la Guerra de sucesión, estuvieron en la génesis de los tres conflictos que asolaron los dos últimos tercios del siglo XIX, y no cabe duda que de su estudio en profundidad salen las claves para entender el primer tercio del siglo XX.
Cómo decía la semana pasada respecto a la pérdida de una auténtica memoria histórica, y por tanto de una perspectiva amplia de la historia de España, es necesario cuando queremos hablar de nacionalismo, remontarnos a un momento histórico en el que realmente poder apoyar nuestra argumentación.
El problema vasco hoy se llama ETA, “movimiento vasco de liberación”, BILDU, y toda la maraña de siglas que aglutinan desde auténticos convencidos de la independencia del País Vasco, hasta sectores sociales excluidos, anti-sistema, que en cualquier otro lugar serían caldo de cultivo para los más diversos radicalismos.
ETA, nacida al calor del nacionalismo gestado entre el carlismo y los postulados de Sabino Arana, centra su lucha primero contra los últimos años del franquismo y posteriormente contra la ya nacida democracia. Quiero pensar que la transición de la dictadura a la democracia no llenó las expectativas de los radicales vascos, toda vez que más que la evolución de España hacia la democracia, esperaban una involución hacia la situación inmediatamente anterior a la Guerra Civil, donde podrían haber encontrado un resquicio a sus planteamientos independentistas.
No fue así.
Por tanto tuvieron que mantener como postulado fundamentalista contra el Estado la “lucha armada” y por consiguiente continuaron atentando, no solo contra las instituciones, sino también contra las personas. Hay delitos de sangre, víctimas y delincuentes.
Un estado de derecho no puede obviar esta situación. Cualquier movimiento del nacionalismo radical hacia la legalidad, ha de pasar necesariamente por el reconocimiento, del Estado y sus instituciones, entre las que se encuentran las propias instituciones y Fueros Vascos. Debe pasar también por el reconocimiento de los delitos cometidos, que deben ser juzgados de acuerdo a las leyes. No podemos ahora, tan sólo porque el calendario electoral está en marcha, tan sólo por jugar la carta del “fin de ETA”, hacer concesiones, y no sería la primera (ya BILDU está en las instituciones del Estado) hacia una banda cuyos signos externos de arrepentimiento, no van más allá de lo puramente formal, una actuación hacia la galería, que tan sólo busca un golpe de efecto un giro sustancial en la intención del voto de cara a las próximas elecciones.
Creo, si acaso, que el proceso para el fin del terrorismo etarra, tan sólo se encuentra en sus inicios, los hechos no indican otra cosa: no hay entrega formal de armas, su organización interna sigue aún una estrategia que va más en la línea de la operatividad, que de su desmantelamiento. Los presos etarras que, a título personal, están pidiendo perdón a sus víctimas en estos días, son los que no mantienen la disciplina de la banda, mientras que los que “firman” acuerdos como el de Guernica, siguen manteniendo una postura radical, contraria al “statu quo” que constituye el actual régimen autonómico, buscando como he indicado más arriba, el voto útil a favor de BILDU, que la paz y el desmantelamiento de la organización terrorista.
El grave problema añadido a esta situación es la debilidad extrema en que se encuentra el actual Gobierno de la Nación, la diaria pérdida de potenciales votantes, y la increíble pero real facilidad que a lo largo de esta última legislatura ha mostrado para, con toda impunidad, manipular la ley y la justicia al servicio de sus espurios intereses de partido, me llevan a pensar que el tan sólo anuncio por parte de ETA, de un cambio, pueda llevar al actual gobierno ha realizar concesiones más allá de lo éticamente razonable.
Cómo decía la semana pasada respecto a la pérdida de una auténtica memoria histórica, y por tanto de una perspectiva amplia de la historia de España, es necesario cuando queremos hablar de nacionalismo, remontarnos a un momento histórico en el que realmente poder apoyar nuestra argumentación.
El problema vasco hoy se llama ETA, “movimiento vasco de liberación”, BILDU, y toda la maraña de siglas que aglutinan desde auténticos convencidos de la independencia del País Vasco, hasta sectores sociales excluidos, anti-sistema, que en cualquier otro lugar serían caldo de cultivo para los más diversos radicalismos.
ETA, nacida al calor del nacionalismo gestado entre el carlismo y los postulados de Sabino Arana, centra su lucha primero contra los últimos años del franquismo y posteriormente contra la ya nacida democracia. Quiero pensar que la transición de la dictadura a la democracia no llenó las expectativas de los radicales vascos, toda vez que más que la evolución de España hacia la democracia, esperaban una involución hacia la situación inmediatamente anterior a la Guerra Civil, donde podrían haber encontrado un resquicio a sus planteamientos independentistas.
No fue así.
Por tanto tuvieron que mantener como postulado fundamentalista contra el Estado la “lucha armada” y por consiguiente continuaron atentando, no solo contra las instituciones, sino también contra las personas. Hay delitos de sangre, víctimas y delincuentes.
Un estado de derecho no puede obviar esta situación. Cualquier movimiento del nacionalismo radical hacia la legalidad, ha de pasar necesariamente por el reconocimiento, del Estado y sus instituciones, entre las que se encuentran las propias instituciones y Fueros Vascos. Debe pasar también por el reconocimiento de los delitos cometidos, que deben ser juzgados de acuerdo a las leyes. No podemos ahora, tan sólo porque el calendario electoral está en marcha, tan sólo por jugar la carta del “fin de ETA”, hacer concesiones, y no sería la primera (ya BILDU está en las instituciones del Estado) hacia una banda cuyos signos externos de arrepentimiento, no van más allá de lo puramente formal, una actuación hacia la galería, que tan sólo busca un golpe de efecto un giro sustancial en la intención del voto de cara a las próximas elecciones.
Creo, si acaso, que el proceso para el fin del terrorismo etarra, tan sólo se encuentra en sus inicios, los hechos no indican otra cosa: no hay entrega formal de armas, su organización interna sigue aún una estrategia que va más en la línea de la operatividad, que de su desmantelamiento. Los presos etarras que, a título personal, están pidiendo perdón a sus víctimas en estos días, son los que no mantienen la disciplina de la banda, mientras que los que “firman” acuerdos como el de Guernica, siguen manteniendo una postura radical, contraria al “statu quo” que constituye el actual régimen autonómico, buscando como he indicado más arriba, el voto útil a favor de BILDU, que la paz y el desmantelamiento de la organización terrorista.
El grave problema añadido a esta situación es la debilidad extrema en que se encuentra el actual Gobierno de la Nación, la diaria pérdida de potenciales votantes, y la increíble pero real facilidad que a lo largo de esta última legislatura ha mostrado para, con toda impunidad, manipular la ley y la justicia al servicio de sus espurios intereses de partido, me llevan a pensar que el tan sólo anuncio por parte de ETA, de un cambio, pueda llevar al actual gobierno ha realizar concesiones más allá de lo éticamente razonable.
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