No me considero una persona que vaya contracorriente, lo que sucede es que creo que hay demasiada gente hablando sobre los temas de máxima actualidad (crisis, política interna, reforma Constitucional, etc.) por lo que al final sin quererlo, o termino opinando sobre los mismos temas o no opino, o trato temas que cuando menos no van a suscitar el más mínimo interés.
Creo que este es el dilema al que cualquiera con ganas de contar algo termina enfrentándose.
Por eso hoy, aunque ya no viene tan al pelo, quisiera hablar sobre las Diputaciones provinciales, más en concreto sobre las mayoritarias, dado que las Diputaciones vasco-navarras tienen unas características que las hacen diferentes al resto de las existentes.
La diputación surge como Ente administrativo a principios del siglo XIX, y viene a dar respuesta a la necesidad de agrupar y reforzar las Administraciones locales (Ayuntamientos) coordinando la gestión de los recursos dentro de la Provincia. Quiero recordar que el siglo XIX comienza con la Península Ibérica invadida por los ejércitos de Napoleón, que para bien o para mal, y en los escasos años de su presencia, fundamentalmente a través de su hermano José Bonaparte, trata de reorganizar administrativamente el Reino de España, al estilo de lo que ya había acontecido en Francia, de ahí la división provincial, y por influencia, la Diputación cuyo primer antecedente encontramos en la Constitución de 1812 (de marcada influencia francesa, y por su propia génesis, de dudosa representatividad de la pluralidad que entonces existía en España).
Es por tanto la misión de estas Diputaciones provinciales la adecuada organización y gestión de los recursos que se gestionan en los municipios, y los provenientes del Gobierno de la Nación.
Con el paso de los años, las Diputaciones han ido perdiendo esta función (insisto, excepto en las correspondientes a los regímenes forales de Euskadi y Navarra), y sólo de forma más bien testimonial se han mantenido en la fórmula insular de los Cabildos Canarios y Consejos Insulares en Baleares. Uno de los golpes definitivos a su pérdida de sentido ha venido de manos de la reorganización del mapa territorial de España, surgido tras la transición, con la aparición de las Comunidades Autónomas, y la cesión a éstas no sólo de las funciones que en parte venían desarrollando las Diputaciones, sino además de gran parte de las competencias que hasta entonces estaban reservadas al Gobierno de la Nación.
Nos encontramos por tanto con un Ente en apariencia vacío de contenido, con una estructura dedicada a sostenerse a sí misma, cuyo coste no compensa las funciones que a día de hoy desempeña.
Por otra parte, y en superposición nos encontramos con un modelo autonómico agotado, quebrado en la mayoría de las Comunidades, o próximo a la quiebra en el resto, incapaz de gestionar adecuadamente los recursos, tanto los generados por el territorio que administran como los delegados por parte de la Administración Central del Estado, y en esta coyuntura, envueltos en la segunda gran crisis de la historia moderna de Occidente, (aunque para mí primera si nos atenemos a la profundidad que está teniendo, y a la falta de mecanismos con que cuentan los estados occidentales para atajarla), en esta coyuntura digo, la brillante idea, la respuesta definitiva por parte de algunos políticos, ajenos y ausentes de la idiosincrasia de los pueblos que conforman el Reino de España, piden eliminar las Diputaciones.
¡Craso error! No es la diputación, o el Cabildo o el Consejo Insular el que hay que suprimir. Si algo ha caracterizado a España a lo largo de su historia, desde los tiempos de Roma hasta el actual caos del régimen de las Autonomías, ha sido la organización de sus gentes en torno al municipio, esta institución que surge con la Administración provincial del Imperio, logra su auge y empuje definitivo en la época de la Reconquista, ése largo periodo que se inicia en Covadonga y termina con la toma de Granada, da forma no sólo a la conciencia de pueblo de los distintos reinos que acabarán conformando el “Reino de las Españas”, sino que frente a la evolución que durante toda la alta y baja Edad Media se va a producir en Europa de los señoríos feudales, en España va a dar lugar a la villa, la ciudad libre del señor feudal, que en la mayor parte de los territorios que a lo largo de los siglos se van a ir incorporando a las Coronas de Castilla y Aragón, van a rendir vasallaje únicamente a su Rey, libres por tanto de la presión del Señor feudal, que salvo contadas excepciones, no adquirirá en España la importancia y poder con que contarán en este periodo en el resto de Europa. Esta es una de las claves que está en el origen del primer Estado moderno de Occidente: La unión de los Reinos de Castilla y Aragón Bajo sus más insignes figuras: Isabel y Fernando.
Resumiendo: La ciudad, la villa, el municipio en suma es la Entidad que conforma el tejido básico, el sustrato sobre el que a partir del siglo XVI en adelante se formará la idea de España como nación. Hasta su definitivo declive tras la Guerra de Sucesión y la “venta parcelada” del imperio, a cambio de la entrada de una monarquía extraña, centrada más en sí misma y en buscar su provecho que en regenerar y reunificar el tejido de su pueblo, agotado por siglos de guerras, deudas y miserias.
No es por tanto la Diputación la Administración local que hay que erradicar ¡No!, es la errónea concepción del estado de las Autonomías, herederas de una tardía y equivocada idea de “estado bolchevique”, más influida por el radicalismo marxista de los años 30 que pretendía aproximar España a las repúblicas soviéticas. España tiene su base su núcleo, su sentir primordial en el pueblo, en el geográfico, en el que nacieron nuestros abuelos y al que tarde o temprano al menos una vez acudimos a visitar. Cuando entendamos esto y dotemos nuevamente de contenido a la Diputación, podremos no sólo regenerar el tejido social de España, sino desde luego podremos, que es lo que ahora más nos duele, reducir el monstruoso gasto y más que gasto, despilfarro que supone el Estado Autonómico, que a día de hoy tan sólo sirve para engordar una nueva clase indolente, engolada de sí misma y cuyo afán es perpetuarse en el cargo público más allá de cualquier interés por el cuidado de la “rei publicae”: el político profesional.
Creo que este es el dilema al que cualquiera con ganas de contar algo termina enfrentándose.
Por eso hoy, aunque ya no viene tan al pelo, quisiera hablar sobre las Diputaciones provinciales, más en concreto sobre las mayoritarias, dado que las Diputaciones vasco-navarras tienen unas características que las hacen diferentes al resto de las existentes.
La diputación surge como Ente administrativo a principios del siglo XIX, y viene a dar respuesta a la necesidad de agrupar y reforzar las Administraciones locales (Ayuntamientos) coordinando la gestión de los recursos dentro de la Provincia. Quiero recordar que el siglo XIX comienza con la Península Ibérica invadida por los ejércitos de Napoleón, que para bien o para mal, y en los escasos años de su presencia, fundamentalmente a través de su hermano José Bonaparte, trata de reorganizar administrativamente el Reino de España, al estilo de lo que ya había acontecido en Francia, de ahí la división provincial, y por influencia, la Diputación cuyo primer antecedente encontramos en la Constitución de 1812 (de marcada influencia francesa, y por su propia génesis, de dudosa representatividad de la pluralidad que entonces existía en España).
Es por tanto la misión de estas Diputaciones provinciales la adecuada organización y gestión de los recursos que se gestionan en los municipios, y los provenientes del Gobierno de la Nación.
Con el paso de los años, las Diputaciones han ido perdiendo esta función (insisto, excepto en las correspondientes a los regímenes forales de Euskadi y Navarra), y sólo de forma más bien testimonial se han mantenido en la fórmula insular de los Cabildos Canarios y Consejos Insulares en Baleares. Uno de los golpes definitivos a su pérdida de sentido ha venido de manos de la reorganización del mapa territorial de España, surgido tras la transición, con la aparición de las Comunidades Autónomas, y la cesión a éstas no sólo de las funciones que en parte venían desarrollando las Diputaciones, sino además de gran parte de las competencias que hasta entonces estaban reservadas al Gobierno de la Nación.
Nos encontramos por tanto con un Ente en apariencia vacío de contenido, con una estructura dedicada a sostenerse a sí misma, cuyo coste no compensa las funciones que a día de hoy desempeña.
Por otra parte, y en superposición nos encontramos con un modelo autonómico agotado, quebrado en la mayoría de las Comunidades, o próximo a la quiebra en el resto, incapaz de gestionar adecuadamente los recursos, tanto los generados por el territorio que administran como los delegados por parte de la Administración Central del Estado, y en esta coyuntura, envueltos en la segunda gran crisis de la historia moderna de Occidente, (aunque para mí primera si nos atenemos a la profundidad que está teniendo, y a la falta de mecanismos con que cuentan los estados occidentales para atajarla), en esta coyuntura digo, la brillante idea, la respuesta definitiva por parte de algunos políticos, ajenos y ausentes de la idiosincrasia de los pueblos que conforman el Reino de España, piden eliminar las Diputaciones.
¡Craso error! No es la diputación, o el Cabildo o el Consejo Insular el que hay que suprimir. Si algo ha caracterizado a España a lo largo de su historia, desde los tiempos de Roma hasta el actual caos del régimen de las Autonomías, ha sido la organización de sus gentes en torno al municipio, esta institución que surge con la Administración provincial del Imperio, logra su auge y empuje definitivo en la época de la Reconquista, ése largo periodo que se inicia en Covadonga y termina con la toma de Granada, da forma no sólo a la conciencia de pueblo de los distintos reinos que acabarán conformando el “Reino de las Españas”, sino que frente a la evolución que durante toda la alta y baja Edad Media se va a producir en Europa de los señoríos feudales, en España va a dar lugar a la villa, la ciudad libre del señor feudal, que en la mayor parte de los territorios que a lo largo de los siglos se van a ir incorporando a las Coronas de Castilla y Aragón, van a rendir vasallaje únicamente a su Rey, libres por tanto de la presión del Señor feudal, que salvo contadas excepciones, no adquirirá en España la importancia y poder con que contarán en este periodo en el resto de Europa. Esta es una de las claves que está en el origen del primer Estado moderno de Occidente: La unión de los Reinos de Castilla y Aragón Bajo sus más insignes figuras: Isabel y Fernando.
Resumiendo: La ciudad, la villa, el municipio en suma es la Entidad que conforma el tejido básico, el sustrato sobre el que a partir del siglo XVI en adelante se formará la idea de España como nación. Hasta su definitivo declive tras la Guerra de Sucesión y la “venta parcelada” del imperio, a cambio de la entrada de una monarquía extraña, centrada más en sí misma y en buscar su provecho que en regenerar y reunificar el tejido de su pueblo, agotado por siglos de guerras, deudas y miserias.
No es por tanto la Diputación la Administración local que hay que erradicar ¡No!, es la errónea concepción del estado de las Autonomías, herederas de una tardía y equivocada idea de “estado bolchevique”, más influida por el radicalismo marxista de los años 30 que pretendía aproximar España a las repúblicas soviéticas. España tiene su base su núcleo, su sentir primordial en el pueblo, en el geográfico, en el que nacieron nuestros abuelos y al que tarde o temprano al menos una vez acudimos a visitar. Cuando entendamos esto y dotemos nuevamente de contenido a la Diputación, podremos no sólo regenerar el tejido social de España, sino desde luego podremos, que es lo que ahora más nos duele, reducir el monstruoso gasto y más que gasto, despilfarro que supone el Estado Autonómico, que a día de hoy tan sólo sirve para engordar una nueva clase indolente, engolada de sí misma y cuyo afán es perpetuarse en el cargo público más allá de cualquier interés por el cuidado de la “rei publicae”: el político profesional.
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